Expulsión de los jesuitas de los reinos del imperio español de 1767

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión, dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de 1767. 


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Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas (más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero de abril.




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